Programa de Prevención
Antecedentes
La sociedad salvadoreña vive con la violencia a flor de piel, en su inconsciente colectivo, en su historia política reciente y remota, en muchas de sus costumbres cotidianas, en su cultura, en su estructura económica, en el ejercicio habitual de la autoridad parental, en el deterioro y en la forma de uso de sus espacios públicos, en su definición de responsabilidades y roles sociales, en sus valores, en el espejo de sus medios informativos, en el normal desprecio por las leyes, en el ejemplo de sus líderes o en el comportamiento de sus autoridades, no puede luego esperar que un cuerpo de profesionales, sean éstos policías, fiscales o jueces, enfrenten y resuelvan el problema de la violencia, como si la seguridad pública fuera sólo o primordialmente un problema del sistema de justicia penal.
En consecuencia, aparte de todas las reformas que se hagan a las leyes y a las instituciones para hacer eficiente y confiable el sistema de justicia penal, es imperativo un cambio de dirección hacia una mayor atención de los factores socio-culturales en la formulación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana.
Hasta hace pocos años en El Salvador la prevención de la delincuencia ha sido entendida en su dimensión institucional, es decir, como una responsabilidad compartida por diversas instancias del Estado y que recae directamente en el sector de seguridad pública del gobierno, de esta manera, las instituciones policiales desarrollan estrategias y acciones de carácter preventivo a través de patrullajes, retenes, procesamiento de información, operaciones de desarme y otras modalidades de trabajo cotidiano orientadas a desalentar, obstaculizar o evitar la consumación de hechos delictivos.
Pero la prevención de la delincuencia, en su dimensión institucional, debe ser complementada con el compromiso y la acción de los ciudadanos. Esta es la dimensión social de cualquier enfoque preventivo de la seguridad pública, promovida por grupos organizados, en ámbitos comunales y vecinales, con apoyo de instituciones públicas y privadas.
A su vez en El Salvador, existen carencias en los espacios vecinales o comunitarios inmediatos en los que transcurre la vida cotidiana, en los barrios urbanos de capas medias bajas exhiben graves problemas de desempleo, hacinamiento, ausencia de los servicios públicos más elementales, falta de espacios públicos, mala calidad de las escuelas y otras graves deficiencias materiales del espacio vital.
De esta manera, el programa de prevención de la violencia y la delincuencia asume el vecindario y el municipio como unidad territorial de ejecución, y se realiza en ciudades densamente pobladas, con altos niveles de violencia; particularmente con altos niveles de delincuencia y violencia juvenil. En los primeros cuatro años, el programa ha desplegado con mayor consistencia en diez municipios del país, en su mayor parte ciudades muy densamente pobladas del área metropolitana de San Salvador, pero en este quinquenio se extenderá a los 25 municipios urbanos en los que reside o trabaja más de la mitad de la población salvadoreña, así como también los departamentos de Sonsonate y Santa Ana.
El programa de prevención de la violencia tiene una estrategia integral de trabajo con criterios de focalización, sinergia territorial, tratamiento integral de los factores de riesgo y sostenibilidad.
